Comunicación política en tiempos de desconfianza institucional

Alberto Ruiz-Méndez

En la política contemporánea, la verdad ya no se impone por evidencia, sino que se negocia en el terreno de la confianza. En un entorno saturado de mensajes, la comunicación política enfrenta un desafío central: hablar cuando nadie cree, convencer cuando toda palabra es sospechosa.

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Uno de los rasgos más visibles de la vida pública actual es la desconfianza generalizada. Los ciudadanos dudan de los gobiernos, de los partidos, de los medios de comunicación y, en muchos casos, incluso de las fuentes expertas. Esta crisis de credibilidad no es solo un problema institucional: es, ante todo, un problema comunicativo. La política habla, pero no siempre es escuchada; informa, pero no siempre es creída.

En este contexto, la verdad se ha convertido en un campo de batalla. No se trata únicamente de hechos falsos o verdaderos, sino de quién tiene la autoridad simbólica para definir lo verdadero. En la comunicación política contemporánea, cada actor construye su propia narrativa de verdad y acusa a los demás de mentir. El resultado no es un debate más plural, sino una fragmentación profunda del espacio público: múltiples verdades compitiendo sin un suelo común para contrastarlas.

La lógica digital ha intensificado este fenómeno. Las redes sociales no premian la verificación, sino la visibilidad. Los mensajes que confirman creencias previas circulan más rápido que aquellos que las cuestionan. Así, la verdad deja de ser un punto de llegada y se convierte en una identidad: se cree aquello que refuerza la pertenencia a un grupo político, ideológico o emocional. En este escenario, la comunicación política ya no busca convencer al adversario, sino afianzar a los propios.

México no es ajeno a esta dinámica. La narrativa de la “verdad contra la mentira” se ha vuelto recurrente en el discurso político. Gobiernos y oposiciones se presentan como los únicos portadores de la verdad frente a medios “corruptos”, instituciones “capturadas” o adversarios “engañadores”. Esta estrategia puede ser eficaz a corto plazo, pero tiene un costo alto: debilita la posibilidad de una conversación democrática basada en criterios compartidos de realidad.

Desde una perspectiva ética, el problema no es solo la mentira deliberada, sino la erosión de la responsabilidad comunicativa. Cuando todo se presenta como opinión, cuando los datos se relativizan y las evidencias se interpretan como ataques políticos, la comunicación pierde su función pública. La palabra deja de ser un puente y se convierte en un arma. Y en ese proceso, la ciudadanía queda atrapada entre narrativas que se excluyen mutuamente.

Frente a este panorama, es necesario replantear qué entendemos por verdad en la comunicación política. No se trata de una verdad absoluta e incuestionable, sino de un compromiso con la honestidad discursiva, con la verificación de hechos y con el reconocimiento de límites. Decir “no sabemos”, corregir errores o matizar afirmaciones son actos comunicativos que fortalecen la confianza, aunque parezcan debilidades en un entorno de confrontación permanente.

La recuperación de la verdad como valor político no depende solo de leyes o plataformas digitales. Depende, sobre todo, de una ética compartida de la palabra pública. Una ética que entienda que comunicar no es solo ganar una disputa narrativa, sino sostener un espacio común de sentido donde la democracia pueda seguir siendo posible.

Porque cuando la verdad se vuelve irrelevante, lo que está en juego no es solo la comunicación política, sino la propia posibilidad de confiar unos en otros como ciudadanos.